Los raquíticos salarios, la intromisión gubernamental en la vida interna de los sindicatos y el constante ataque a la seguridad social, factores que detonan conflictos laborales en México. El arbitraje del gobierno federal: tardío, parsimonioso y abiertamente a favor de los patrones, aseguran líderes sindicales. Mineros, electricistas y empleados de Bancomext y de universidades han protagonizado los conflictos obrero-patronales más emblemáticos desde que el PAN arribó a la Presidencia de la República
Con la entrada del Partido Acción Nacional, en 2000, inicia una etapa negra en el sector sindical en México, pues con medidas coercitivas se busca un sindicalismo conforme y sumiso, dice Alejandro Vega García, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). Agrega que, durante el sexenio anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se plegó totalmente a favor de los empresarios e hizo una labor constante para desconocer huelgas y reprimir a los trabajadores.
El CILAS calcula que el nivel de sindicalismo en el país oscila entre 11 y 19 por ciento de la población económicamente activa (58 millones 600 mil de empleados en el segundo trimestre de 2007), es decir, que sólo alrededor de 11 millones de trabajadores están afiliados a un sindicato.
Vega García considera que el derecho de asociación se ve restringido y muchas veces nulificado, en la medida en que el Estado se reserva la facultad de validar, mediante el mecanismo discrecional del registro sindical, operado por la Dirección General de Registros de Asociación de la STPS. El principio según el cual las organizaciones pueden existir a partir sólo de la voluntad de quienes las constituyen es seriamente cuestionado.
La STPS tiene registrados aproximadamente 800 sindicatos. En su Informe anual de labores de 2007 –en su apartado de conflictos laborales obrero-patronal–, la dependencia informó que de enero a julio se registraron 290 demandas colectivas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y 4 mil 329 emplazamientos a huelga, de los cuales estallaron 16. En éstos se vieron involucrados 4 mil 329 trabajadores.
El investigador, exlíder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, considera que los tres ejes que detonan los conflictos laborales son: los bajos salarios; la falta de respecto a la vida interna de los sindicatos, por parte del gobierno, y el ataque constante a conquistas históricas de sindicatos y trabajadores, como la seguridad social. El también directivo del CILAS documenta en su cuaderno de investigación Libertad sindical que, en mayo de 2006, especialistas en el campo laboral denunciaron al gobierno de Vicente Fox como el autor del mayor número de violaciones laborales y de una política antisindical más dura que las de los gobiernos priistas.
Según datos de la STPS, de 2000 a 2006 se presentaron 2 mil 636 denuncias colectivas, alrededor de 439 anuales; 47 mil 212 emplazamientos a huelga, que derivaron en 293 estallamientos y en los que estuvieron involucrados 214 mil 330 trabajadores.
Javier Aguilar García, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que a partir de 1983 los sindicatos perdieron importancia en el esquema económico y político de México. Ante la entrada del modelo neoliberal, el sindicalismo fue arrinconado. “Hoy el gobierno federal les pide paz social, pero no existe un compromiso del Estado para resolver las demandas económicas y sociales de los trabajadores”.
Aguilar García agrega que los propios sindicatos no han hecho nada para recuperar su lugar dentro de la vida política: se mantienen pasivos frente al avasallamiento económico del exterior. “Como los líderes siguen obteniendo beneficios, reciben dinero, privilegios y curules en el Congreso, dejan a la deriva a sus afiliados. Y la Secretaría del Trabajo, que debería defender los derechos de los trabajadores, está del otro lado, con los empresarios”, dice.
STPS a favor de los patrones
Alejandro Vega García explica que la STPS no juega el papel de árbitro en los conflictos laborales, como lo marca la Constitución, con una orientación a favor de la parte más débil, que son los trabajadores. Por el contrario, está coludido con los empresarios.
Los trabajadores –agrega– al enfrentar un conflicto en defensa de sus derechos laborales, desafían no sólo la posición del patrón, sino la parcialidad del poder gubernamental, y en otros casos hasta el poder del Estado contra ellos, como en el caso minero.
A decir de Vega García, la intervención e intromisión de la STPS en la vida interna de los sindicatos no había sido tan abierta y adversa desde las décadas de 1950 y 1960, con los conflictos de médicos y ferrocarrileros. No obstante, Álvaro Castro Estrada, subsecretario de Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la STPS, considera como exitosa la participación de la dependencia en la conciliación de conflictos laborales, dentro de la administración de Felipe Calderón.
“Hay buenos resultados. Hoy en el país existe paz laboral y no por generación espontánea, sino porque hay un trabajo de mucha gente: trabajadores y empresarios que buscan hacer sus revisiones en un sentido de realidad”, dice el funcionario.
Mineros: torpeza y encono
Alejandro Vega, en Libertad sindical, dice: “Pocas veces en la historia del país un conflicto sindical ha alcanzado las dimensiones e impacto nacional e internacional que tiene el conflicto minero; pocas veces también una actuación gubernamental ha sido llevada a cabo con tanta torpeza, encono, mala fe y recursos ilícitos”.
Vega García señala que el enfrentamiento del foxismo con el sindicato minero representa el punto cumbre de una política que, de los buenos propósitos iniciales, acabó en una ofensiva abierta e irracional contra el sindicalismo y los trabajadores.
El conflicto entre mineros y Grupo México inició en el sexenio de Vicente Fox y aún continúa. Tres minas están en huelga: Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas, y Cananea, Sonora.
Carlos Pavón Campos –secretario de Asuntos Políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana– sostiene que la empresa se niega a cumplir con las prestaciones que le obliga el contrato colectivo de trabajo, además de respetar las medidas mínimas de seguridad e higiene con las que se debe laborar dentro de una mina.
El líder minero dice que éste conflicto inició desde 2000, cuando un sindicato del acero en Monterrey, apoyado por directivos de Grupo México, les peleó la titularidad de los contratos colectivos de trabajo de varias secciones sindicales; “pero los compañeros mineros no se quisieron cambiar de sindicato”.
Agrega que a Grupo México le disgusta que el secretario general del sindicato sea Napoleón Gómez Urrutia; pero –advierte– la empresa no es quien elige al dirigente.
La pugna entre el sindicato y el emporio de Germán Larrea se agravó en 2006, con el nombramiento de Elías Morales Hernández como secretario general del sindicato, hecho por la STPS, y con la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, ocurrida el 19 de febrero de ese año y que cobró la vida de 65 mineros.
Pavón Campos dice que con la aparición de una supuesta toma de nota, Elías Morales se ostentó como líder de los mineros, respaldado por la Secretaría del Trabajo y la empresa. Todo orquestado desde la dependencia federal con firmas falsas, dicho por la Procuraduría General de la República.
La STPS hizo el movimiento de los líderes, supuestamente por la presentación de documentos del Consejo General de Vigilancia y Justicia del propio sindicato, signados por Juan Luis Zúñiga, primer vocal del consejo, donde se destituía a todo el consejo directivo del sindicato minero. En abril de 2007, un juez federal ordenó a la secretaría restituir a Gómez Urrutia como secretario general.
Para el funcionario sindical, Grupo México buscaba “imponer gente a su contentillo”, para manipular a los trabajadores, quienes ganan 27 veces menos que cualquier minero en Estados Unidos o Canadá.
Pavón Campos dice que la embestida gubernamental contra el sindicato minero, y en particular contra Napoleón Gómez Urrutia, no fue sólo porque se convirtió en un líder incómodo para el foxismo, por oponerse a la reforma laboral, sino porque Grupo México es uno de los principales donadores de la fundación de Marta Sahagún, Vamos México.
El líder sindical comenta que con la entrada de Felipe Calderón a la Presidencia, pensaron que el conflicto se destrabaría; sin embargo, “la relación con el gobierno federal se fue contaminando, porque todavía hay gente del sexenio pasado en la STPS”. En tanto, los principales afectados son mineros, a quienes se les niega la posibilidad de acceder a una vida digna, para ellos y sus familias.
Contralínea solicitó entrevista con Grupo México. Gerardo Vázquez, encargado del área de comunicación de la empresa, señaló que contestaría las preguntas el 18 de abril pasado. Sin embargo, la entrevista fue cancelada días antes.
