“Invitamos al gobernador a que se sume a la propuesta de invitar a otros inversionistas, porque con las actitudes del Grupo México en Cananea, de querer cerrar la mina en pleno conflicto de huelga legal, sería salirse del estado de derecho en Sonora”.
Dia de publicación: 2008-04-29
Ante las actitudes en contra de los mineros de Cananea y sus intenciones de cerrar el mineral aun cuando se está en una huelga legal, el gobierno federal debe de cancelarle la concesión al Grupo México y buscar otros inversionistas que sean responsables.
En este sentido se expresó un grupo de mineros encabezados por Baudelio García y Antonio Navarrete, miembros de la comisión de difusión de la Sección 65 del sindicato minero.
Mientras ellos se encuentran en Hermosillo, otro grupo, encabezado por el secretario general de la sección, Sergio Tolano está en la ciudad de México, consideraron que el gobernador de Sonora debe apoyar buscando otros inversionistas.
Los mineros de Cananea llevan 9 meses en huelga y debido a la intransigencia del Grupo México, acordaron proponerle al Congreso de la Unión para que solicite la cancelación de la concesión de la mina al Grupo México.
En este punto de acuerdo que proponen los mineros de Cananea a los legisladores, incluye que también se les cancele la concesión de las minas de Tasco y Zacateca, donde la gobernadora Amalia García ya está trabajando en invitar a otros inversionistas para trabajar la mina de esa entidad.
Los mineros de Cananea, dijeron, “invitamos al gobernador a que se suma a la propuesta de invitar a otros inversionistas, porque con las actitudes del Grupo México en Cananea, de querer cerrar la mina en pleno conflicto de huelga legal, sería salirse del estado de derecho en Sonora. “A nosotros nos protege la Ley Federal del Trabajo y el Grupo México no puede cerrar”, enfatizó Baudelio García.
Hablando más en corto con los mineros, consideraron que a final de cuentas, la amenaza de cerrar la mina “es un blofeo del Grupo México porque se encuentra perdida. La huelga se declaró legal después de 9 meses porque la autoridad laboral nos dio la razón”.
Tomado de: Dossier Político
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