Si alguien conoce de sus derechos de trabajador, son precisamente los mineros de Cananea. Eso es incuestionable.

Nadie debe reprochar la decisión del Gobernador Eduardo Bours Castelo respecto a que el estado se haga cargo momentáneamente del hospital de Cananea, abandonado por la empresa minera, pero tampoco es para alabarlo hasta elevarlo como un Dios que salvó a una comunidad de la evidente injusticia de un grupo empresarial que solo ve y vigila sus propios intereses.

Eduardo Bours cumplió y ya. Es el Gobernador del Estado e hizo lo correcto, nada más. Cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo. Es una obligación del estado brindar servicios médicos a la población.

Aunque si algo debe reconocérsele es la prontitud con que respondió a su responsabilidad.

No estoy de acuerdo con quienes lo critican pero tampoco estoy de lado de quienes maximizan una conducta obligatoria del gobierno y de quien lo conduce transitoriamente.

Por otro lado, el comentario expuesto ayer por el ex secretario de la Sección 65 de los mineros, Jorge Acedo Samaniego, tiene mucho sentido, porque no obstante felicitó al Gobernador por la “prontitud a su obligatoriedad”, esa decisión “también establece y documenta una causal jurídica suficiente para el retiro de la concesión de la mina” al grupo México.

El también ex diputado federal, explicó a Radioperiódico de Fausto Soto Silva, que en la Sección undécima, en sus artículos 146 y 155, entre otros del Contrato de Trabajo, se establece la obligación de la empresa a prestar el servicio médico y brindar las medicinas a todos los trabajadores, incluyendo cónyuges e hijos menores de 18 años, y las mismas prestaciones a los jubilados.

Esa prestación de los trabajadores mineros viene desde hace muchos años, al igual que el otorgamiento de los servicios de agua potable, gas y energía eléctrica, y cuando el Grupo México asumió la concesión de la explotación de la mina, también aceptó esos compromisos como parte de los derechos a los mineros y sus familias.

El punto es, que el Hospital del Ronquillo fue abandonado por la empresa desde el pasado sábado 10 de mayo dejando sin el servicio a miles de derechohabientes, ante lo cual el gobierno estatal resolvió pronto el problema haciéndose cargo de su operación.

Eso es lo correcto, pero como dice Jorge Acedo Samaniego, de alguna manera certifica el incumplimiento de la empresa a una de sus obligaciones y eso podría ser una causal suficiente para retirarle la concesión.

Desde hace algunas semanas, en la cámara de diputados federales, el legislador sonorense del PRD, Carlos Navarro López, ha venido promoviendo precisamente esa posibilidad: cancelar la concesión al Grupo México, lo cual desde luego no es algo tan fácil.
Por lo pronto, el gobierno del estado toma el control operativo del hospital, pero eso no debe significar eximir de sus responsabilidades a la empresa minera.

¿SERVICIO MÉDICO DE LA MISMA CALIDAD?

Por otro lado, habría que ver como quedará la prestación médica, en virtud de que los mineros y sus familias están acostumbrados a una atención de excelencia, porque el hospital del Ronquillo tenía como extensión de sus servicios al hospital CIMA y la clínica del Noroeste en Hermosillo, incluso cuando ha sido necesario se han traslado pacientes a la Ciudad de México y al vecino estado de Arizona, en los Estados Unidos, como lo comentó Acedo Samaniego quien fue miembro del comité ejecutivo nacional del sindicato minero durante 12 años.

El servicio médico de los mineros ha sido de excelencia, por algo nunca el sindicato ha aceptado al Seguro Social, lo que convierte a la empresa en una excepción en este país al no pagar impuestos al IMSS, lo cual a lo mejor y es otra violación a la Ley.

Y aunque sería un tema aparte, yo me pregunto que diría la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda y las demás empresas mexicanas respecto a que el grupo México no paga impuestos al IMSS y por tanto sus empleados, los mineros, carecen de otras prestaciones, como la pensión, cuando en teoría el derecho de los trabajadores es irrenunciable

GRUPO MÉXICO ¿EMPRESA CONSENTIDA?

Por otra parte, ya algunos ex trabajadores de la mina, jubilados, se organizan para presentar una demanda por lo que consideran es una grave violación a sus derechos, es decir un derecho constitucional, un derecho a la salud, además de que ellos no están en huelga pero les afecta igual.

Y si alguien conoce de sus derechos de trabajador, son precisamente los mineros de Cananea. Eso es incuestionable.