Cananea, Taxco y Sombrerete, huelgas mineras al 10 junio 2008

Opinion de Manuel Fuentes Muñiz , Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Son tres las huelgas que desde el 30 de julio de 2007 tienen suspendidos los trabajos en las minas de Taxco, en Guerrero; Cananea, en Sonora, y de San Martín Sombrerete, en Zacatecas, sin que tengan viso de arreglo.

Los pueblos donde están los socavones reciben los efectos de la paralización económica: cierre de comercios y pérdida constante de puestos de trabajo, créditos incobrables y desintegración familiar ante la emigración para conseguir empleo.

La empresa concesionaria Industrial Minera México (IMMSA), quien recibe el apoyo gubernamental, ha apostado al desgaste económico de los mineros para intentar derrotarlos. Su objetivo es el contrato colectivo de trabajo que tiene importantes prestaciones para desaparecerlo junto con su sindicato.

La pretensión de IMMSA es inocultable: liquidar al personal y contratar otro con distinto sindicato y líder a modo e imponer prestaciones ínfimas que le permitan una explotación sin límite de las riquezas minerales de la región. Durante los más de 10 meses de huelga la empresa ha ofrecido liquidaciones superiores a la ley y algunas decenas de mineros ya han aceptado, pero la dirigencia y el grupo central resisten esta embestida.

Cananea, fundada en 1858, enclavada en la parte norte del estado de Sonora, tiene la mina de cobre más grande de México y una de las más importantes del mundo. El cobre ha sido vida y muerte y razón de existencia del pueblo. Vive del mineral y la mina es el centro de referencia y ahora esta ahogado con la paralización económica.

El avance tecnológico en la explotación del mineral había permitido a la concesionaria IMMSA producir cientos de toneladas de material trasladado de cobre al día y generar antes de la huelga  enormes dividendos. La población subsistía pero hoy los escenarios económicos están cerrados.

Se ha incrementado la delincuencia y ahora priva la inseguridad en las calles ante una pobre respuesta de las autoridades municipales y una población atemorizada ante la presencia de cientos de policías estatales y grupos de choque que constituyen un riesgo, no solamente para las familias mineras.

Las mujeres han formado organizaciones paralelas al sindicato para difundir el movimiento minero en ciudades cercanas, pero enfrentan al mismo tiempo la necesidad de buscar medios de subsistencia propios para lograr la manutención de sus hijas e hijos. La solidaridad llega, pero ha sido insuficiente.

En Cananea, donde desde cualquier punto de la ciudad se divisa la mina, ahora con las banderas rojinegras cobra un matiz distinto: de abandono y resistencia. La empresa en represalia ha cerrado el hospital minero «el Ronquillo»,  lo cual ha agravado la situación.

El polvo cargado de sílice cristalina, impulsado por los vientos de la región, afecta no sólo los pulmones de los hombres sino también de las mujeres, niñas y niños quienes suelen padecer alergias y problemas estomacales constantes, pero ahora no reciben atención médica.

El cierre del hospital ha impedido que mineros retirados, enfermos de silicosis, reciban medicamentos y cuidado necesario. El gobierno del estado lo ha tomado en comodato pero sigue en abandono y carencia de servicios.

En San Martín Sombrerete, Zacatecas, donde se encuentra otra de las huelgas, es un fundo minero que opera desde 1554 y es productor de plata, cobre, zinc y fierro. De los 486 trabajadores huelguistas la mitad ha aceptado su liquidación de 4 meses de salario más prestaciones, pero el núcleo dirigente resiste.

En Taxco, Guerrero, la mina productora de plata con más de 400 trabajadores también esta paralizada por la huelga y los embates económicos en la región también se hacen sentir.

Javier Lozano, secretario de Trabajo, en su lucha por destruir a Napoleón Gómez Urrutia ha afectado seriamente a los trabajadores.

De principio ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarar inexistentes las huelgas y mandar desalojar a los huelguistas a como diera lugar. El 11 de enero pasado llegaron cerca de 800 granaderos de la Policía Federal Preventiva con ochenta patrullas y ocho camiones del Ejército para desalojar la entrada principal de la mina: 40 mineros fueron heridos sin que nadie fuera castigado por esta cobarde agresión.

Néstor y Carlos de Buen, abogados de los trabajadores, han logrado desnudar la ilegalidad y prepotencia del Secretario de Trabajo.  Mediante amparos ante jueces de distrito han conseguido que las huelgas se declaren existentes; pero los retos jurídicos son continuos.

La intervención en la vida interna del sindicato minero por parte de la autoridad laboral ha sido constante y descarada: ahora pretende decidir en nombre de los trabajadores quién debe ser su dirigente.

La prolongación de las huelgas mineras representa la pobreza del Gobierno federal por dar la espalda a sus gobernados y complacer los intereses de los inversionistas no importando las acciones criminales que cometan.

Las alternativas para resolver el problema ante la intransigencia de IMMSA son impensables para el Gobierno, como renacionalizar las minas para evitar que grupos que se sienten dueños de la nación sigan medrando con la riqueza minera o bien se cancele la concesión para ofertarla a otro empresario responsable.

Ninguna autoridad les da respuesta; la Secretaría del Trabajo, quien está obligada a hacerlo, actúa para favorecer a una sola parte que es la empresa. Estas huelgas deben ser atendidas con equidad  y prontitud y debe cesar el autoritarismo y complicidad que afecta a los mineros y sus familias.

manfuentesm@yahoo.com.mx

*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.